Twitter: @CLopezKramsky
El secreto para que una democracia funcione no es someter todas las decisiones a la voluntad de la mayoría a través de elecciones populares, por el contrario, el ingrediente que asegura la supervivencia de una democracia es uno contramayoritario: el control constitucional por parte del Poder Judicial. En México como en prácticamente todos los países que se consideren democráticos, el poder judicial ejerce el control de constitucionalidad e incluso de convencionalidad de los actos y leyes emitidos por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, lo que en no pocas ocasiones genera tensiones.
Últimamente se ha dado una intensa discusión sobre el papel del Poder Judicial de la Federación, las remuneraciones de sus integrantes, así como sobre sus atribuciones; la interposición de diversas acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes emitidas por el Congreso de la Unión que están cobijadas por la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado a esos poderes con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin muchos argumentos técnico-constitucionales, legisladores de Morena han acusado a la Corte de defender los privilegios del antiguo Gobierno y de ir en contra de lo que el pueblo desea en este cambio de régimen; la Suprema Corte, por su parte, ha admitido las demandas de acción de inconstitucionalidad e, incluso, ha suspendido la vigencia de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es piedra angular de la política de reducción salarial del gobierno federal.
En este contexto de crispación, senadores del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa de reforma constitucional para que los ministros de la Corte se elijan mediante elecciones directas, organizadas por el Instituto Nacional Electoral, tal y como se elige al presidente de la República; su argumento consiste en que los ministros no son nombrados por el pueblo y por ende no tienen legitimidad para interpretar su voluntad ni para decidir si una ley emanada de un poder legitimado por 30 millones de votos es correcta o no. Hay pocas cosas más erradas que ésa.
La labor de los jueces, en México y en cualquier otro lugar, es: i) dirimir conflictos jurídicos; ii) garantizar los derechos humanos y iii) asegurar la vigencia de la Constitución. Su labor es eminentemente técnica y para llevarla a cabo requieren de plena autonomía, no solo de los otros poderes, sino respecto del “pueblo” mismo. Los jueces no deben estar supeditados a la voluntad de nadie más, pues ello les resta capacidad para emitir sus resoluciones con estricto apego a la Constitución. Imaginemos un poder judicial elegido por voto popular: los ministros estarían permanentemente evaluando si sus resoluciones son del agrado de sus electores o no, lo que inhibiría la resolución técnica de los conflictos jurídicos. Aquí reside la dificultad contramayoritaria.
Esta dificultad es la que debemos superar: solo un órgano de carácter contramayoritario puede ser inmune a la voluntad de las mayorías, pero en estos tiempos en los que todo parece argumentarse a través de la legitimidad que otorga el pueblo, ese carácter parece un defecto. El trabajo y responsabilidad de los jueces no es legitimar decisiones políticas, sino evitar que esas decisiones rompan la regularidad constitucional y, con ello, se violen derechos; si se quiere transformar al país hay que reformar la Constitución, no acusar a la Corte de defender privilegios. Es mala idea linchar a los jueces por conveniencia política.