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“Con la Cuarta Transformación nos hemos topado”, es seguramente la frase recurrente que se escucha en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos. Y es que el máximo Tribunal vive un momento definitorio tras la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones, que ordena que todos los servidores públicos deben acatar dicho ordenamiento, mismo que establece que ningún funcionario deberá recibir un salario que sea superior al del presidente de la República. Es decir, que nadie reciba un salario por encima de los 108 mil pesos que cada mes recibirá Andrés Manuel López Obrador.
El Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado a favor de la independencia y autonomía y contra cualquier intento de injerencia en sus decisiones. Y también ha puesto en suspenso la entrada en vigor de este ordenamiento. Esta posición los ha confrontado con el nuevo presidente quien ha señalado que no resulta ético que alguien gane 600 mil pesos al mes, cuando la mayoría del pueblo recibe salarios insuficientes o vive en niveles de pobreza. Pero el pleito también se ha dado con el Congreso dominado por Morena, partido que llevó al poder a López Obrador y que uso su mayoría para aprobar la Ley Federal de Remuneraciones.
El tono del conflicto ha ido creciendo lo que ha sido interpretado como un desafío de ministros, magistrados y jueces hacia el nuevo gobierno. Lo cierto es que la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han hecho a un lado sus naturales diferencias para conformar un frente común en defensa de sus intereses.
Tuve la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de la Corte cuando me tocó darle vida al Canal Judicial de Televisión, medio público que tiene 12 años de vida. Entonces conocí la forma de trabajar de los ministros y magistrados adscritos al Poder Judicial. Me di cuenta que las decisiones que se toman en ese cuerpo colegiado son fundamentales para fortalecer el equilibrio entre poderes, el control constitucional y la independencia de jueces y magistrados.
Sin embargo, desde fuera, los ministros son vistos como seres privilegiados que gozan de prerrogativas muy superiores a la de cualquier otro servidor público. Hay una corriente de opinión que, incluso, considera que es momento de terminar con esos privilegios, lo cual ha puesto en alerta a la judicatura ante el embate de la Cuarta Transformación (4T).
Hay quienes dentro del Poder Judicial Federal han alertado sobre una intentona golpista de aprovechar la coyuntura para minar a la Corte y promover el surgimiento de un Tribunal Constitucional que sea afín a la filosofía del gobierno de la Cuarta Transformación. Una filosofía que rechaza los privilegios y que pone en el centro de su quehacer a la población más pobre y vulnerable.
De ahí la importancia de seguir con lupa lo que ocurrirá en la Suprema Corte en los próximos días y semanas, donde habrá que designar a un nuevo presidente, en la sesión del 2 de enero próximo, y también a la persona que ocupe la silla que dejó vacante el ministro José Ramón Cossío Díaz.
El asedio a la Corte y sus integrantes sin duda continuará, atizado por un discurso radical en contra de jueces y magistrados.
En este contexto, hay quienes dicen que en el fondo López Obrador quiere su “3 de 3”. Esto es, 3 poderes a su favor: Ejecutivo, Legislativo y, ahora, el Judicial.