Twitter: @RobertoBorbolla
El inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador nos pone en una situación en la que mi generación nunca se había encontrado. Vemos a un “nuevo” grupo en el poder que nos plantea una ‘transformación’ del régimen político en el horizonte; ese proyecto llegó democráticamente, pero no ha pasado mucho tiempo para darnos cuenta de las amenazas que ahora enfrentan las instituciones que hemos construido en los últimos 20 años.
Dos de los principales ‘programas’ de López Obrador atentan directamente contra el ya de por sí incipiente federalismo mexicano. Su plan de seguridad hace a un lado a las autoridades locales mientras intenta resolverse el problema con direcciones que salen de la capital; la imposición de los superdelegados, a la luz de los perfiles que han sido designados, es una clara estrategia de control político de las entidades federativas. Esa nefasta combinación implica una manifiesta competencia a los gobernadores y presidentes municipales de todo el país.
El presidente no solamente ha abierto ese frente, sino también uno en contra de la división de poderes. Durante su ‘gestión’, el grupo en el poder ha echado mano de sus mayorías para modificar leyes a modo: se intentó con el nombramiento de Taibo en el FCE, se logró hacerlo para el SAT y para la refinería en Tabasco. Se intentó algo similar con la ley de remuneraciones, hasta que la Suprema Corte intervino; desafortunadamente, ahora el alto tribunal ha sido objeto de señalamientos falsos y acusaciones sin sustento. De la misma manera, los influencers lopezobradoristas han cuestionado la legitimidad y necesidad de los órganos constitucionales autónomos como el INE o el INAI.
Nadie exige aquí que no se modifique una ley que discrimina a los mexicanos por naturalización, tampoco se pretende que las instituciones sean intocables o infalibles. Lo que se reclama es que las cosas se hagan bien. ¿Quieren acabar con la corrupción de las delegaciones federales? Bien, pero no intenten posicionar a sus próximos candidatos desde las delegaciones federales. ¿Quieren emparejar los beneficios en el servicio público? Nadie se niega, pero analicen lo que hacen y elaboren una ley actualizada que sea quirúrgica y no un manotazo sobre la mesa.
Es ahí donde la ciudadanía encuentra su reto. Frente a un nuevo grupo en el poder con las mismas costumbres y sin oposición responsable, es tarea de todos cuestionar al presidente y a su proyecto. Haber logrado una mayoría electoral no implica, en ningún caso, entregarle un cheque en blanco al poder. Tenemos que defender nuestras libertades y las instituciones que hemos construido; sin embargo, esa defensa no es ciega, sino que debe ser reflexiva: en ocasiones habrá que reconocer los errores cometidos y la necesidad de reajustar el sistema político para que funciones en beneficio de todos.
Eso nos toca: debatir, defender nuestros derechos y ajustar lo necesario.